LA INFLACIÓN NO PIDE CONSENTIMIENTO, EL SALARIO MÍNIMO SÍ

El mercado fluctúa libremente, movido por la mano invisible de un monstruo visible y conocido llamado ANEP (En El Salvador); a cada día da un paso decidido y con una dirección voluntaria, es decir, el encarecimiento de todos los productos, incluidos los de la canasta básica y los medicamentos.

Por otro lado, el salario mínimo ha estado rezagado por varias décadas, sin que el gobierno o la empresa privada hicieran acto alguno para que el Consejo del Salario Mínimo revisara anualmente, como legalmente corresponde.

Es decir, que el legislador, tomando en cuenta que el mercado no es estático sino que dinámico y que generalmente, por no decir que siempre, está a la alza; ha dispuesto que cada año, se revise el salario mínimo.

Los niveles inflacionarios son innegables; cosa que se puede comprobar con ir a la tienda de la esquina y pedir cualquier producto, desde una soda enlatada, hasta una caja de cereal o una bolsa de detergente y sigue en aumento constantemente; pero el salario mínimo es revisado cada diez años; o en el gobierno reciente, de forma más frecuente, pero no sistemática.

Se dice, por parte del gobierno y la empresa privada, que han llegado a un acuerdo, en el que se aumentará en un 12 % al salario mínimo, pero no de una vez, sino en partes; la empresa privada presiona para que se haga efectivo en tres años, es decir, 4 % en 2013; 4 % en 2014 y 4 % en 2015; lo que significa una falacia, porque en términos prácticos y sencillos es una programación adelantada de la revisión que legalmente debe hacerse cada año, para tres años.

En otras palabras, estamos hablando de un aumento anual programado del 4 %; del salario mínimo que oscila en los doscientos dólares, lo que representa un aumento de $ 8.oo (Ocho dólares cada año)

OCHO DÓLARES EN 2013

OCHO DÓLARESEN 2014 y

OCHO DÓLARES EN 2015

Esto es lo que pretende la empresa privada aglutinada en la ANEP; pero ellos mismos saben que los precios NO DEBEN SUJETARSE A NORMAS, que se deben regir por la “mano invisible”; la que se receta aumentos cada media hora.

Al pueblo nadie le consulta, cuando el mercado fluctúa de nuevo, lo que ocurre siempre y en cada momento; pero resulta que la gran e imponente empresa privada, sí tiene que dar su consentimiento para conceder un aumento en el salario mínimo.

Ahora bien, incluso la propuesta del gobierno, de aumentar el 12 % en dos años, es una burla al pueblo trabajador; lo que representaría un aumento de VEINTICUATRO DÓLARES, DOCE DÓLARES EL 2013 y DOCE DÓLARES EN 2014…

En síntesis, para aumentar míseros VEINTICUATRO DÓLARES más o menos, quieren una prorroga de varios años…

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CONSEJOS ÚTILES AL MOMENTO DE FIRMAR UN CONTRATO

Recuerde que un contrato, una vez firmado, se convertirá en ley, con fuerza suficiente para hacerlo cumplir por la fuerza, a usted y al otro suscriptor, es decir, a las partes contratantes; por lo tanto, lo primero que NUNCA debe hacer es plasmar su firma, antes de leer detenidamente todas y cada una de las cláusulas que contiene; si no entiende alguna cláusula (Párrafo o contenido) no firme, busque ayuda de un abogado de confianza y no del que ha buscado la otra persona.

Tenga en cuenta que podrá firmar únicamente cuando conozca y comprenda todo lo escrito en el documento; un documento por el hecho de estar ya redactado no lo obliga a firmar; su firma si lo obliga a cumplir todos sus puntos.

NUNCA FIRME UN DOCUMENTO

1- Si contiene la cláusula siguiente “En caso de conflicto, nos sometemos a los tribunales del domicilio de ** **… si ese domicilio es fuera de aquél en el que usted reside.

Nunca acepte ir a otra jurisdicción para ventilar sus litigios, pues perderá debido a problemas de comunicación procesal;

2- No acepte nombrar como su apoderado general judicial, a abogados de la otra parte contratante;

3- No renuncie a su derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás diligencias del juicio ejecutivo; no obstante, por jurisprudencia eso no es admitido, recuerde que los jueces muchas veces ignoran la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia;

4- No firme renunciando a ningún derecho, procesal o sustantivo o de ninguna naturaleza; sepa que los jueces le tomarán la palabra;

5- Nunca de los nuncas y por nada del mundo, firme un documento en blanco; menos si se trata de: LETRAS DE CAMBIO o PAGARÉS; si bien la legislación prohíbe abusar de la firma en blanco, le resultará bastante difícil, probar que su firma fue puesta en un documento en blanco.

Haga valer sus derechos; para ello existen instituciones encargadas de ellos: La Procuraduría General de la República; la Clínica de asistencia jurídica de la Universidad de El Salvador (San Salvador, Santa Ana, San Vicente y San Miguel)

También puede acudir a la Defensoría del Consumidor, para que ellos protejan sus derechos como consumidor.

LEA, COMPRENDA, PIDA AYUDA Y NO CREA EN QUIEN TIENE INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS (Vendedores, tiendas, almacenes, bancos, etc.)

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EL NOTARIADO CERRADO CON UN CANDADO OXIDADO EN EL SALVADOR

Casi todos los países de Centroamérica, otorgan la autorización para el ejercicio del notariado, sin rendir exámenes de suficiencia ante la Corte Suprema de Justicia.

En Guatemala: Se requiere

1. Ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar, y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2o. del artículo 6º; 2. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley; 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación, y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales; 4. Ser de notoria honradez.

En Costa Rica: Se requiere

a) Ser de buena conducta.

b) No tener impedimento legal para el ejercicio del cargo.

c) Ser licenciado en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una universidad reconocida por las autoridades educativas competentes; además, haber estado incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica al menos durante dos años y, con la misma antelación, haber solicitado la habilitación para ejercer el cargo.

d) Poseer residencia fija en el país, salvo los notarios consulares.

e) Tener oficina abierta al público en Costa Rica, excepto si se trata de notarios consulares.

f) Hablar, entender y escribir correctamente el español.

En Nicaragua: Se requiere

a.- que el solicitante sea mayor de veintiún años.

b.- que acompañe el título académico extendido por la respectiva Facultad, y si es extranjero, el decreto gubernativo del reconocimiento de aquel.

c.- que compruebe que está en el uso de sus derechos civiles y políticos.

d.- que justifique ser de notoria honradez y buena conducta, con el testimonio de tres testigos que le conozcan, por lo menos, dos años antes de la fecha de la solicitud al Tribunal.

Los únicos países que exigen rendir un examen para ser autorizado en el ejercicio de la función pública del notariado, son El Salvador y Honduras.

Las razones, no han sido aclaradas; más que por la existencia de títulos falsos, en cierta época, los cuales fueron validados en su momento, por haber considerado que no había habido un daño social.

El Salvador, no es moderno ni avanzado por exigir el examen de suficiencia para ser autorizado como Notario; es solo un viejo modelo de auto desprecio, que nos fue impuesto desde la colonia, donde los invasores, nos convencieron que éramos primitivos, incivilizados, salvajes, rudimentarios… y que solo los invasores extranjeros eran muy buenos: Su religión, su cultura y forma de vida.

Teníamos que imitarlos.

El año recién pasado hubo una convocatoria para someterse al mencionado examen de suficiencia; lo cual no se había hecho desde 2007; ahora, otra vez calla la Corte Suprema de Justicia, quienes sienten un gran pesar por haber aprobado el 21 % de los que se presentaron a la prueba.

Colegas ABOGADOS… tod@s a luchar por nuestro derecho a ser autorizados como notarios…

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LA AUTONOMÍA DE LOS TÍTULOS VALORES

Los títulos valores están clasificados dentro de la legislación mercantil, como cosas mercantiles, es decir, documentos que entran al tráfico jurídico para agilizar el tráfico de mercaderías en el mercado.

Generalmente, existe una relación jurídica causal, que le da origen a una relación jurídico cambiaria, con los documentos necesarios para hacer valer un derecho literal y autónomo encerrado en ellos.

Es decir, que un título valor es un documento con pocos formalismos, donde se inserta literalmente, la clase de documento, el nombre del beneficiario, una cantidad de dinero a pagar y un obligado a pagar esa cantidad.

Son títulosvalores los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Art. 623 Com.

La autonomía de los títulos valores está relacionada con la incorporación y literalidad; de tal manera que la autonomía de los títulos valores no es compatible con prácticas bien enraizadas en la cultura comercial, como la firma de documentos en blanco.

La doctrina establece como uno de los requisitos en la legitimación activa, la buena fe, además de la literalidad e incorporación en los títulos valores.

“Como se ha analizado, el título o documento (material o tangible) va unido al derecho (intangible); la forma de lograr la tangibilidad del derecho es por vía del título valor, desarrollándose varios principios propios del derecho cambiario, como la literalidad, incorporación, autonomía, legitimidad activa y pasiva y la buena fe como condición de legitimación que reconocen la doctrina.” (BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo y CASTELLARES AGUILAR, Rolando. Obra citada. Página 43)

La incorporación del derecho al documento hace más fácil y segura la circulación de los derechos, ya que es una garantía de transparencia y buena fe en el tráfico mercantil; el cual, al ser de tracto agilizado, para efectos comerciales, al darse un uso indebido en cobros inexistentes o abusivos, hace perder la credibilidad que dicho sistema tiene.

En ese sentido algunas legislaciones, como de defensa de los consumidores, persiguen y castigan prácticas como la exigencia de firmar documentos ejecutivos en blanco.

El código penal, establece una agravante en el delito de estafa, cuando se realiza utilizando firmas en blanco; solamente que las autoridades fiscales solo aplican este figura penal, cuando se trata de implicados de escasos recursos económicos.

En síntesis, podemos afirmar que la autonomía de los títulos valores, está referida a la fuerza ejecutiva que ellos poseen y que no requieren ir acompañados de otros documentos para hacerse valer.

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CONFRONTACIONES (Virtual y trimestral)

LAS GRANDES OLIGARQUÍAS EN EL SALVADOR Y LA REFORMA AGRARIA

Cumpliendo el primer trimestre del penúltimo año del periodo de la Administración Funes en el Ejecutivo, el mandatario emite un discurso público conmemorando la reforma agraria, haciendo una defensa de dicha política pública.

Es necesario recordar, que desde la independencia, grandes extensiones de tierra, en los 14 departamentos, tenían la calidad de ejidos y de tierras comunales, las cuales eran cultivadas por indígenas y campesinos, quienes pagaban a la municipalidad un “canon” por el uso de esas tierras; que de hecho, pertenecían a la comunidad; en cada localidad existía un número de familias beneficiadas en el uso de las tierras ejidales.

A fines del Siglo XIX el Estado emitió decretos de “privatización” de grandes terrenos nacionales, que fueron vendidos, principalmente, a especuladores. (Historia de El Salvador. Tomo II. MINED. Segunda edición)

“En 1881 y 1882, el Estado decretó la abolición de las tierras ejidales y comunales, con el propósito de promover la propiedad individual y, supuestamente, el desarrollo nacional.” (Historia de El Salvador. Tomo II. MINED. Segunda edición)

El proceso para adquirir las tierras, era sencillo en teoría; se trataba de pagar el equivalente a seis canones anuales y seguir el proceso de titulación; lo que para los indígenas y campesinos, no resultaba tan sencillo, como aparentaba ser… más bien, resultaba un procedimiento bastante engorroso, tedioso, lento, que terminaba por desalentarlos.

“[Aparentemente, el proceso de privatización de la tierra no era complicado, pero no dejaba de tener sus contratiempos. Sea como fuese, el indígena y el ladino pobre se vieron envueltos en procesos jurídicos administrativos que le desalentaban. No se diga, el pago en efectivo. Pues, aunque se contara con alguna remuneración no siempre sobraba el dinero]” (Historia de El Salvador. Tomo II. MINED. Segunda edición)

“Decreto del 27 de marzo de 1897: El decreto del 27 de marzo de 1897, emitido por la Asamblea Nacional, marcó la consumación de la extinción de comunidades y ejidos, aunque hubo juicios posteriores que se extendieron incluso hasta 1912 y 1966.”

“En este decreto, la Asamblea Nacional, considerando que el sistema ejidal se ha extinguido y que, además, siendo importante pasar a la propiedad privada los terrenos que por no haber sido titulados han pasado a la nación, desapodera de los derechos que le corresponden sobre los terrenos de comunidades y ejidos que volvieron a su dominio y autoriza a los alcaldes respectivos para otorgar títulos de propiedad a los poseedores que los reclamen y declara válidos los títulos supletorios otorgados por los mismos, aun fuera de fecha.”

En síntesis, podemos decir, que con los decretos de extinción de las tierras ejidales y comunales, la tierra pasó a manos de los grandes oligarcas y terratenientes; y los indígenas y campesinos, pasaron de colonos, a simples agricultores sin tierra.

REFORMA AGRARIA

“Si bien el general Hernández Martínez es el primer gobernante en llevar a cabo una reforma agraria, esta no consistió más que en repartir unas pocas parcelas de tierra a los campesinos pobres, sin otorgarles asistencia técnica ni otros apoyos necesarios.” (Ibid – MINED)

La más elocuente muestra fue la celebración del Primer Congreso Nacional de Reforma Agraria, convocado por la Asamblea del 5 al 10 de enero de 1970.

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“En julio de 1973, a un año de su mandato, el coronel Molina promovió cambios sustantivos en dos áreas: el sistema bancario y el agro. Se había constituido una Junta Monetaria, bajo dirección exclusiva del Presidente, que estaba destinada a controlar, por encima del Banco Central, la política monetaria del país. Esta Junta fue muy atacada por la banca privada, pero el Gobierno estaba interesado en mantener este control como parte de su estrategia en el campo de la reforma agraria”

Con la aparición del Banco de Fomento Agropecuario en 1973, la Reforma Agraria, era inminente.

La ANEP y otras organizaciones que surgieron con el propósito de detener el intento de realizar una Reforma Agraria, realizaron movilizaciones, de sus jornaleros, empleados, colonos y arrendatarios, en San Miguel, Usulután, Sonsonate, Zacatecoluca, entre otras importantes localidades; logrando frenar el intento de la reforma agraria, a exigir la destitución de aquellos funcionarios del ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria) que apoyaban la tan esperada reforma.

Luego de tanta oposición, de parte de los sectores conservadores, la empresa privada, la gran oligarquía nacional, efectivamente, en marzo de 1980, se decretó la reforma agraria, anhelo de muchos campesinos sin tierra y de dirigentes del centro y de la izquierda política. Según el decreto de reforma agraria, toda propiedad individual mayor de 500 hectáreas sería expropiada y entregada a cooperativas, mientras que aquellos campesinos que alquilaban tierras tendrían la opción de comprarlas a plazos….

Es así como; y citando la palabras del Presidente Mauricio Funes, “la reforma agraria le hace justicia a los campesinos pobres de El Salvador…”

FUENTE: (Historia de El Salvador. Tomo I y II. MINED. Segunda edición) 2009

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EL AMPARO Y SUS VARIANTES (DIRECTO E INDIRECTO)

La Ley de Procedimientos Constitucionales se limita a decir, en sus artículos 1 y 3, que son procesos constitucionales, entre otros, El Amparo; y que, Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por violación  de los derechos que le otorga la Constitución.

No obstante, la jurisprudencia reconoce dos clases diferentes de Amparo y son el directo y el indirecto.

Nuestra legislación, una vez más se ha quedado corta, al decir que “La acción de amparo procede contra toda clase de acciones u omisiones de cualquier autoridad, funcionario del Estado o de sus órganos descentralizados y de las sentencias definitivas pronunciadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo que violen aquellos derechos u obstaculicen su ejercicio…”

EL AMPARO INDIRECTO

No obstante el Amparo, como resguardo de los derechos constitucionales, opera también contra normas (Leyes y Decretos) cuando solamente surta efecto jurídico para el peticionario, concediendo el amparo solicitado, porque la Sala de lo Constitucional considere que la norma atacada de inconstitucional, lo es en relación a los derechos del peticionario; de lo contrario, estaríamos ante una demanda de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos.

Es decir, estamos ante una demanda de Amparo, contra una ley, por ser inconstitucional, pero únicamente en relación a los intereses del peticionario (Quejoso). (Ejemplo Amparo 493-2009 ANDA contra Alcaldía Municipal de San Miguel)

“En el Amparo indirecto, los particulares tienen la posibilidad de reclamar de manera frontal, las leyes que estiman inconstitucionales…” (Fernando Silva García, en “El Nuevo Concepto de Leyes Autoaplicativas”)

EL AMPARO DIRECTO

El Amparo directo no puede interponerse frontalmente contra las leyes, sino contra toda clase de acciones u omisiones de cualquier autoridad, funcionario del Estado o de sus órganos descentralizados y de las sentencias definitivas pronunciadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo que violen aquellos derechos u obstaculicen su ejercicio. Art. 12 Inc. 2º Ley Pr Cn.

La clase de recurso depende, a su vez, por la clase de norma que se ataque de inconstitucional:

a) Leyes Autoaplicativas; y

b) Leyes Heteroaplicativas.

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JUSTICIA PARA EL MEDIO AMBIENTE

Hasta hace un par de años, se ha comenzado a hablar de leyes y tribunales medioambientales, ante una evidente crisis ecológica, que ha colocado a nuestro país, en uno de los más deforestados del mundo.

EL PROBLEMA

Contamos con una tradición ampliamente despreocupada por el ecosistema, ha depredado la fauna, destruido la flora y convertido nuestro paisaje en un árido desierto, donde el calentamiento global se hace cada vez más insoportable, sobre todo, en la zona oriental.

Nuestros recursos naturales, que antes considerábamos, renovables, ahora resulta que no lo son; es decir, que en unas pocas décadas, nos estamos consumiendo algo que la naturaleza ha tardado cientos de miles de millones de años en construir.

Nuestro sistema judicial se gasta cantidades mega colosales de papel, elaborado a base de pasta de celulosa o pulpa de celulosa (El material más común utilizado para la fabricación de papel. Las maderas utilizadas para este fin son conocidas como maderas pulpables, que generalmente son maderas blandas como la picea, el pino, el abeto y el alerce, pero también maderas duras como el eucaliptus y el abedul) y a medida pasa el tiempo, pareciera que existe un esfuerzo institucional, por aumentar la tarifa de consumo de papel, como aquella que exige agregar una copia del NIT y del DUI, por cada nuevo proceso a los abogados litigantes.

Mientras tanto, las bodegas necesarias para contener esas cantidades colosales de expedientes, con papel de más, se agigantan, empleando más y más costosos recursos del Estado; y lo que es peor, dejando una secuela de destrucción en el medio ambiente.

En promedio, 25 mil procesos (O más) de diferente naturaleza se inician por año, en cada uno de los principales departamentos de El Salvador; lo que representa un total de, aproximadamente 250 mil expedientes y en cada uno de ellos, se han agregado 2 páginas por copias de DUI y NIT, que los más “cuadrados” exigen autenticadas por notario, dando un gran total de 500 mil páginas, que requieren un alojamiento y peor aún, una enorme deforestación.

LAS CAUSAS

Todo modelo jurisdiccional, tienen sus antecedentes engorrosos trámites escritos, con extensos expedientes, que nadie estando en su sano juicio se atrevería a leer, pues el 80 % de su contenido es basura, por supuesto que entre tanta basura puede encontrarse algo de interés procesal… bueno, lo realmente importante, es que aún existen claros y fuertes vestigios del antiguo sistema judicial escrito, aunque la tendencia en todos los nuevos y “modernos” códigos procesales, sea la oralidad.

Existe en casi todo empleado judicial, un anhelo latente por acumular papel y por ende, puede observarse un brillo en sus ojos, cuando se les entrega una demanda o solicitud con 25 folios o más y sus respectivas copias.

Existe también, una necesidad enervante de encontrar más fundamentos en las solicitudes y entre más fundamentos, mejor; dentro de esa óptica, una solicitud de 1 o 2 folios, no sirve, y es buena, cuando pasa de 6,10… o más folios.

Existen dos principios: 1º) El famoso Iura novit curia; y 2º) Las partes conocen los hechos.

Lo que nos conduce a que un buen Abogado es aquél que sabe orientar su teoría, del caso y no el que sabe rellenar tediosos formularios, con mil citas de la Constitución y de las leyes secundarias.

Saber presentar un caso, y sustentarlo en pruebas idóneas y contundentes, exigiría de empleados judiciales con el suficiente razonamiento, que hasta ahora no existe y por ende, se conforman con el típico “en base a los artículos “x”, “y” y “z”… de los códigos “a”, “b” y “c”… bla bla bla…

LA SOLUCIÓN

Lo fundamental en cualquier intento por proteger el medio ambiente, es aplicar las reglas básicas:

1) Reducir;

2) Re usar; y

3) Reciclar.

<<Reducir

Si reducimos el problema, disminuimos el impacto en el medio ambiente.>> (Fuente: Wikipedia)

<<Reutilizar

Ésta se basa en reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil.>> (Fuente: Wikipedia)

<<Reciclar

Ésta es una de las erres más populares debido a que el sistema de consumo actual ha preferido usar envases de materiales reciclables (plásticos y bricks, sobre todo), pero no biodegradables.>> (Fuente: Wikipedia)

Ahora bien, en todas las instituciones públicas, existen oficinas UACI´s destinadas a contratar y adquirir los bienes fungibles, consumibles, mobiliarios e inmobiliarios, necesarios para el funcionamiento adecuado de sus dependencias, y así lograr brindar un servicio de calidad a los usuarios; ello puede llevar a pensar, que el Estado tiene de todo para todo y que en la abundancia, hay que derrochara manos abiertas; pero esto tiene un alto costo, en materia de degradación ambiental y las instituciones públicas, son las primeras llamadas a realizar acciones concretas orientadas a defender el ecosistema.

Todo ello comienza con una “inteligencia ecológica”, donde todo funcionario, debe acreditar poseer ese tipo de aptitud, ya que el tema del medio ambiente debe ser eje transversal en todas las políticas públicas.

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