Por iniciativa del equipo legislativo del FMLN, fue aprobada la iniciativa de eliminar el cobro fijo que figuraba en la factura de la compañía TELECOM y de otras que igualmente brindan telefonía fija (De mesa)
Significa que, los usuarios pagarán únicamente por servicio recibido (Por hablar) y no simplemente por tener el aparato (Teléfono) en una mesita de noche…
Hay personas de escasos recursos que nunca utilizaron su teléfono para llamar a nadie, por temor a las enormes facturas y aún así, han tenido que pagar mensualmente la llamada “cuota fija”.
Una injusticia que fue permitida por tantos años… finalmente… ya no tendremos que seguir con esa carga económica, que anualmente rondaba los ¢ 945.00 - $ 108.00 USD.
La pregunta crucial es… y tomando en cuenta 1) Que en nuestro país no existe una normativa que regule los precios… o bien los abusos en los precios; y 2) Que las empresas se han caracterizado por cargar en los consumidores todas sus aspiraciones de hacerse cada vez, más multimillonarios…
¿Qué harán ahora que ya no podrán realizar ese cobro? Es posible que le aumenten en un 100 %, 150 % o más a la cuota por minuto/llamada… en cuyo caso… siempre tendremos que pagar, aunque con la atenuante que si no se hace uso del servicio, no hay nada que pagar…
Fue necesario que se diera el proceso de debilitamiento político por el que ha pasado el partido ARENA, para que iniciativas como ésta progresaran en el Órgano legislativo; pues de hecho… para la ultra derecha (Línea de Cristiani y otros) esto es un atentado contra el sistema de libertades… contra los derechos de los “Pobres Ricos”…
Ahora, para dar seguridad a la ciudadanía (Consumidores/pueblo) es necesario crear un sistema de regularización a los abusos en los precios… como siempre, tendrá que ser la fracción parlamentaria del FMLN quien tome la iniciativa…
El llamado es entonces para los diputados… representantes del pueblo pobre… del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional… Es hora de hacer efectivo aquel artículo de nuestra Constitución que dice que “garantiza a los salvadoreños la seguridad jurídica, la justicia social y el bien común…” manteniendo este beneficio, sin que exista la posibilidad de ser desviado por intereses oscuros.
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