En El Salvador, desde hace más de una década comenzó un fenómeno que ha evolucionado a formas muy peligrosas (Las maras); grupos formados, generalmente, por jóvenes que se dedican exclusivamente a delinquir: a asaltar, a traficar con drogas, a cobrar extorsiones, etc.
Ahora resulta fácil dejar el paquete al Presidente de la República e involucrar al FMLN, acusándolo de ser un mal gobierno… Ah! Pero es que ya no hay que hablar de lo malos que fueron los anteriores gobiernos, ahora hay que hablar del presente y del futuro… es cierto que hay que ser futurista, pero el problema está ahí y ha estado ahí desde hace varios años, es el mismo problema, es decir, no se trata de un problema renovado o nuevo, se trata de los mismos jóvenes, sí, esos que fueron agarrados por montones y encarcelados en tiempos de la “mano dura” y de la “super mano dura”… que en su momento se les negó el derecho a una familia estable, a una educación gratuita y de calidad y que tampoco podían trabajar.
Resolver ese problema cuando comenzaba, pudo resultar tarea sencilla, pero ahora que ya se trata de una situación de emergencia nacional, porque han llegado a atreverse a lo inimaginable, buscando aterrorizar a todos los salvadoreños y a infundir el mensaje que todos estamos en sus manos… es decir, en manos de la delincuencia…
¿De quién depende? Aquí, las decisiones sobre políticas públicas no depende con exclusividad de una sola entidad… por ejemplo, el nombramiento del Fiscal General de la República está a cargo de la Asamblea Legislativa, en la cual hay una aritmética partidaria y dicho funcionario debe estar atento para atacar cualquier expresión de ilegalidad, defendiendo al Estado, a la sociedad, a la persona humana y ejerciendo las acciones legales pertinentes para reprimir al delito; no obstante, hay personas en el poder que necesitan ser tolerados en actos oscuros e ilegales y por ello colocan al fiscal ad hoc, a la medida de sus propias necesidades.
El Ejecutivo también ha demostrado una particular y especial tolerancia hacia las ilegalidades, sobre todo cuando son cometidas por gente adinerada… bueno, que en momento de campaña financiaron su proyecto electoral y ahora hay que pagar las facturas políticas pendientes.
Reprimir el delito, corresponde a varias entidades que deberían funcionar de forma coherente y en mutua colaboración: La policía nacional civil, el Ministerio Público (Procuraduría y Fiscalía Generales de la República) y el Órgano Judicial… ¿Quién de ellos es más corrupto? Esa es la cuestión… ¿Quién de ellos entorpece más a los demás?
Ciertamente alguien debe capturar a quien comete un delito y alguien debe ejercer la acción penal y alguien debe juzgar si hay los suficientes elementos probatorios para imponer la pena correspondiente según nuestra legislación… o sea, hay que aplicar la ley; y, la ley está ahí, pero como un instrumento jurídico que no es observado con la debida seriedad, ni aplicado como debe ser.
¿Quién habla, seriamente, de depurar el Órgano Judicial ó a la Fiscalía General de la República? Más importante al Órgano Judicial… cuando todos sabemos que cuando se descubrió el asunto de los títulos falsos… lo que hicieron fue validarlos, así de sencillo… dizque porque no había habido un daño social… y toda la corrupción y la carencia de justicia que ellos han producido… no es un daño social…
El sistema penitenciario es otro problema sin resolver ¿Cómo se introducen drogas, armas, alcohol, celulares…?
Qué hace el ejército en las calles sin ninguna preparación para dar seguridad a la población; y la policía con muchos de sus agentes implicados en el crimen organizado…
JUAN RAMON ARAUJO LÓPEZ, ABOGADO Y COLABORADOR DE MI GENTE INFORMA
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