En El Salvador existe una clara y latente inobservancia a las leyes, pero particularmente a la Constitución, no digamos, a los convenios y tratados internacionales; la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad en materia de administración de justicia y de aplicación de la ley es la primera que aplica sus propias costumbres institucionales, antes que el marco legal.
El Órgano judicial está conformado por un conjunto de jueces y magistrados, cuyos títulos académicos han sido seriamente cuestionados, por ser irregulares y/o falsos; pero como ya es típico en nuestro medio, a nadie le agrada aceptar sus propias faltas y debilidades y siendo un grupo (Jueces) bastante cohesionado y solidario entre sí, no dudan en reaccionar ante cualquier intento de depuración.
También ha habido personajes, como la Licenciada Mirna Perla que se convirtió en magistrada de la CSJ apoyando a los juzgadores que tenían ese pequeño problemita (Títulos cuestionados)
Es que vivieron en los tiempos del encanto… existen personas que asistían a clases solamente una hora a la semana y aún así obtuvieron títulos de licenciatura en tres años (+/-); aún hoy en día, existen universidades, como la UMA en San Miguel, que prácticamente permanece cerrada… son pocas las horas que laboran impartiendo clases y forman profesionales de una manera tan rápida y “relámpago”…
No cabe duda que existe un severo problema, en relación al crimen organizado, pero quién es el llamado a controlar esa situación, aplicando oportuna y adecuadamente las leyes vigentes, pues claro que el Órgano Judicial; pero si muchos de sus miembros están en una situación de ilegalidad y lograron evadir la acción de la justicia, acudiendo a componendas políticas… porque aquí todo se soluciona así.
¿Qué hay que hacer para cambiar? Quién o quiénes tienen la capacidad de impulsar esos cambios… la derecha fue quien les dio origen e hizo acrecentar como huracán en el océano… Mauricio Funes prometió castigar a los corruptos, pero queda claro que no tenía conciencia de lo que tenía que hacer o con quien se tenía que “pelear” para lograrlo y ahora todo sigue igual.
No significa que Funes sea responsable de la situación delincuencial en nuestro país, ni menos aún de los títulos falsos o de la mala administración de justicia, pues el Órgano Judicial está fuera de la competencia del Ejecutivo, de hecho existe “independencia” entre esos órganos…
Hace un par de décadas surgieron una serie de universidades que graduaron “profesionales” a diestra y siniestra, sin una adecuada preparación académica… esos “señores” se convirtieron en fiscales, procuradores, jueces y hasta magistrados… docentes universitarios, etc. Ellos formaron a las nuevas generaciones de profesionales en base al ganguerismo, corrupción, etc. Lamentablemente lo siguen haciendo, pues aquí quien tiene el poder, sigue siendo intocable.
¿Quién es competente para solucionar estos problemas? Se ha pretendido en base al estado de derecho, todos estamos sujetos a la ley, pero resulta que esa ley es administrada, interpretada y aplicada por gente inescrupulosa, mal intencionada y corrupta ¿Qué podemos esperar? Cuando en realidad el poder es del pueblo antes que de la ley, porque la soberanía emana del pueblo y no de ningún órgano del Estado (Ejecutivo, legislativo y judicial) pero aquí el pueblo es apaciguado, tranquilizado y amordazado, para que se vea imposibilitado de hacer valer su voluntad (Voluntad popular)
Es necesario hacer, pues, un referéndum (Consulta popular) para aprobar la pena de muerte y dejar sin efecto tanto pacto o convenio internacional exista para prohibirla… porque asumir que los tratados o convenios estás por encima de la voluntad de nuestro pueblo es afirmar que no tenemos soberanía y esta es inalienable y como dice la Constitución, le corresponde al pueblo.
También es necesario crear un consejo encargado de depurar al órgano judicial ya la Corte Suprema de Justicia, siempre en base a una consulta popular.
EL PODER ES DEL PUEBLO, no de un grupo de tecnócratas, burócratas o corruptos, en el Gobierno y entidades estatales…
JUAN RAMON ARAUJO LOPEZ, Abogado y Colaborador de Mi Gente Informa.